Castración química de nuevo a discusión

Por: Samuel Arroyo

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) formalizó su propuesta de reformar el Código Penal y la Ley de Salud del DF para que se implementen tratamientos de inhibición a delincuentes sexuales, conocido también como castración química.

 

Ante el pleno de la Asamblea, el coordinador de los diputados del PRI, Israel Betanzos, explicó que de acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), más de 120 mil mujeres al año son abusadas sexualmente en México. Mientras que la Procuraduría de Justicia capitalina reporta que en el Distrito Federal diariamente se cometen 14 delitos sexuales, de los cuales siete son violaciones.

 

Dijo además que en 2009 se iniciaron mil 357 averiguaciones previas por delitos sexuales e ingresaron a los diferentes penales mil 42 personas.

 

 

¿En qué consiste la castración química?

 

Es un término utilizado para describir los medicamentos destinados a reducir la libido y a nulificar la actividad sexual, por lo general, para impedir que los violadores, pedófilos y otros delincuentes sexuales reincidan. Las tendencias psicológicas han demostrado que las tasas de reincidencia son muy altas entre los delincuentes sexuales una vez en libertad, por ello se ha buscado un método humano de tratarlos, distinto a una vida entera en prisión o la castración quirúrgica.





La castración química no es una forma de esterilización. A diferencia de la castración real (en la que se extraen los testículos del escroto mediante cirugía), no se ocasiona un cambio físico permanente en el cuerpo. La administración  de Depo Provera (o Tamoxifen o Valodex) bloquea la producción de testosterona en los testículos durante seis meses y actúa en el cerebro sobre la glándula hipófisis, esto da como consecuencia el detrimento del apetito sexual.

 

En su iniciativa, el priista propone que quien cometa el delito de violación, deberá ser sometido al tratamiento de inhibición durante el tiempo en que dure su pena.

 

Plantea que tras comprobarse su responsabilidad, el acusado deberá atenderse en el Centro de Atención para Delincuentes Sexuales, y que en caso de reincidencia, el tratamiento de inhibición deberá ser obligatorio.

 

La iniciativa presentada por Betanzos, es la misma que en el 2007 fue llevada ante el pleno por el entonces diputado local del PRI, Armando Tonatiuh González, pero no fue dictaminada y pasó dos años en la congeladora legislativa.

 

Fuente: El Golfo