AMLO presenta iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica

La iniciativa presidencial preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica y dejar el control a la CFE, es regresiva, apela a un retroceso de esquema legal y atenta contra tratados internacionales que México ya firmó y debe cumplir, sentenció Juan Carlos Baker, ex subsecretario de Comercio Exterior, en la pasada administración. 

Destacó que “si quisiéramos tener la energía más barata, más limpia y con la mayor cantidad  de suministro posible, es un poco difícil reconciliar esos objetivos, con esta iniciativa”.

Entrevistado  por Pascal Beltrán del Río, para Imagen Multicast,  Baker Pineda enfatizó que durante  las negociaciones, tanto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), como en el Transpacífico,  denominado  TPP-11, que integra a países de la Cuenca del Pacífico, firmado  el 4 de febrero de 2016 en Auckland, Nueva Zelanda, y el alcanzado con la Unión Europea, “México se reservó, efectivamente en todos estos tratados, la actividad de transmisión, y de distribución, que por la Constitución, sigue siendo monopolio de la Comisión Federal de Electricidad”.

Pero, “no hay reservas en lo que se refiere a generación de energía. Toda esa parte está ya abierta”, por lo que la iniciativa implica es que “se están cambiando las reglas del juego,  que se está retrocediendo en el esquema legal, vigente, y que se consolidó en los tratados internacionales”.

Esto, remarcó, “sí se puede hacer pero”, agregó, la iniciativa del Ejecutivo, agregó Baker, llega en el peor momento para  México, con una crisis económica sin precedente, por la pandemia de Covid-19, además de lanzar un mensaje contrario para generar certidumbre y atraer inversiones.

Señaló que se tiene al momento “una situación necesaria de recuperación económica, de generación de empleos, atracción  de inversiones  y certidumbre, estos objetivos” no necesariamente empatan con la iniciativa enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, “amén de las posibles implicaciones por violación de tratados internacionales”.

Alertó, que, de ser avalada  en el Congreso, “que así será, al ser una iniciativa preferente”, dijo, “nuestros socios del T-MEC o del Transpacífico entenderían que esto es una violación a los compromisos del tratado”, por lo que se esperaría, primero, un “llamado a consultas” para que el país violatorio, en este caso México, “explique la racionalidad de todo esto”.

“Si es país  demandante, no queda convencido, por el proceso de consulta”, el siguiente paso será  activar el proceso de panel de controversias, “y para eso tanto, el T-MEC como el Transpacífico, tienen sus tiempos”.

Sin embargo, recalcó que “hasta que un panel determine que es violatorio solo serán meras especulaciones” lo que sí es un hecho, indicó Baker, es que el mensaje no es el adecuado, “por la necesidad de recuperarnos de la pandemia; la necesidad de tener un suministro de electricidad confiable, disponible y a precios accesibles y la afectación que este cambio de reglas puede tener, para las inversiones”.

Lo más lesivo “es el mensaje allá afuera de que en México no se tiene certeza para hacer proyectos a largo plazo”, concluyó.